Comisión ad hoc estudiará proyecto que impulsa el Gobierno sobre reducción de jornadas laborales
Publicado: 2020-09-08
(Imagen ilustrativa) Funcionarios voluntarios de la Universidad de Costa Rica envolviendo tabletas que han sido enviadas a estudiantes en todo el país para proseguir con sus estudios de manera virtual. (Foto: Archivo ODI).
La Rectoría conformó una comisión interdisciplinaria entre Decanaturas, Sedes Regionales y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicos (IICE) para estudiar y valorar los alcances que tendría para la aprobación del Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, expediente 22.081, propuesto por el Poder Ejecutivo. La comisión, coordinada por el asesor de Rectoría, Dr. Miguel Guzmán-Stein, pretende entregar recomendaciones en el corto plazo a la Comisión Institucional que funge como observadora de la actual coyuntura de la presente administración.
“La Comisión pretende estudiar el proyecto a fondo y desde varios ángulos, con la finalidad de dar un criterio sobre su aplicabilidad y una serie de recomendaciones sobre medidas alternativas, que eventualmente sean consideradas por el Poder Ejecutivo”, manifestó el Coordinador de la Comisión.
El Poder Ejecutivo envió, en agosto pasado, el expediente a la Asamblea Legislativa con el objeto principal de procurar recursos económicos que le permitan enfrentar la atención sanitaria como producto de la pandemia por el COVID-19.
La exposición de motivos que antecede al articulado del proyecto indica que con la reducción de jornada laboral de sus funcionarios, el Estado podría ahorrar cerca de 130.000 millones de colones, aproximadamente, para sufragar gastos en los que ha debido incurrir el sistema de salud nacional.
La ley busca, en su artículo 1°, la reducción en un 15 % de la jornada por un plazo improrrogable de un año (a partir de la entrada en vigencia de la ley) del sector que reciba una remuneración bruta mensual de al menos 1,5 millones de colones por su jornada ordinaria de trabajo.
El expediente, según dispone el texto, no se aplicaría a los cuerpos de Policía y Nacional de Bomberos, al Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias ni a centros penitenciarios.
Hay que recordar que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 42227-MP-S en marzo de 2020, correspondiente a la declaratoria del Estado de Emergencia en el territorio nacional que permite el manejo coordinado de las acciones sanitarias.
Entre otras medidas que ha debido adoptar el Gobierno, está también la Ley 9830 de Alivio Fiscal para hacer frente a la emergencia.
Erika Henchoz Castro
Periodista, Rectoría
erika.henchoz@ucr.ac.cr